En medio de una sesión del Consejo de Ministros el martes 21 de octubre, el presidente Gustavo Petro despidió en vivo —ante cámaras de televisión pública— a su viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Steven Libreros, alegando que había cedido a las presiones de los gremios para no expedir un nuevo régimen tarifario para la recolección de basuras.

La ministra de Vivienda, Helga Rivas, intervino para advertir que el gobierno estaba priorizando la compra de aviones de combate sobre los programas de agua potable y saneamiento. “Me dolió firmar el CONPES para la compra de los aviones”, dijo Rivas al presidente.

¿Cuál fue el núcleo del enfrentamiento?

• Rivas reprochó que los proyectos de acueducto en zonas rurales y de saneamiento se encontraban en atraso, mientras se destinaban USD 4.300 millones al contrato para la adquisición de los aviones suecos Saab 39 Gripen.

• Petro respondió que la ministra se había dejado llevar por un “discurso neoliberal” y una lógica de “repartija de politiqueros según sus votos”.

El dato que omitieron

Lo que no había sido destacado en el conflicto es que la operación de compra de los Gripen incluye un paquete de compensación social por parte de Suecia. Entre los beneficios que se negociaron están:

• Instalación de agua potable en comunidades marginadas del departamento de La Guajira.

• Creación de una fábrica de paneles solares flexibles en el departamento de Córdoba, con transferencia de tecnología.

• Modernización del hospital San Juan de Dios, con torre central restaurada y equipos médicos de última tecnología.

Este componente de “compensación social” no había sido resaltado públicamente en el momento del tirón entre la ministra y el presidente.

Implicaciones y preguntas que quedan

• ¿Por qué el ministro de Defensa no comunicó de forma abierta estos beneficios sociales vinculados al contrato en el pleno del Consejo de Ministros?

• ¿Podrá la ministra Rivas movilizar estos recursos hacia los proyectos de agua y saneamiento que denuncia como rezagados?

• ¿Logrará el gobierno reconciliar esta vía de inversión en defensa con su agenda de desarrollo social, evitando que se perciba como una contradicción entre gastar en armamento y priorizar agua y vivienda?

Conclusión

El altercado entre Petro y Rivas revela una capa más profunda de la política pública en Colombia: la tensión entre inversión en defensa y la ejecución de proyectos sociales de base. El hecho de que el acuerdo de los aviones incluya compromisos sociales no anula la crítica de fondo: la comunicación y ejecución de esos compromisos. Si se cumplen, podrían convertirse en una justificación relevante para la inversión. Pero si no, el desencuentro político solo servirá para aumentar la percepción de descoordinación y prioridades divididas.