El representante a la Cámara por el Quindío, John Edgar Pérez Rojas, «Perea», encabezó un fuerte pronunciamiento en contra de la propuesta del Gobierno Nacional de implementar un cobro por valorización para financiar el denominado Paquete de Obras del Eje Cafetero, iniciativa que, según advirtió, representaría una nueva carga económica para miles de familias quindianas.

El congresista aseguró que la medida pretende trasladar a los ciudadanos el costo de proyectos que, en varios casos, ya fueron construidos, se encuentran en ejecución o ni siquiera cuentan con un desarrollo suficiente que justifique un cobro de esta naturaleza.

«Los quindianos no pueden ser castigados con un nuevo impuesto. Esta propuesta carece de fundamentos técnicos y jurídicos, y desconoce la realidad económica de las familias del departamento», manifestó Pérez Rojas.

Según explicó el representante, la valorización solo puede aplicarse cuando existe una relación clara entre una obra específica y el beneficio directo que reciben los propietarios de los predios. Sin embargo, afirmó que la iniciativa del Gobierno reúne proyectos de diferente naturaleza y estado de ejecución, situación que, a su juicio, impediría sustentar legalmente el cobro.

Perea también cuestionó que no se hayan presentado estudios que demuestren el incremento del valor de los inmuebles, la delimitación de las zonas beneficiadas ni la capacidad de pago de los ciudadanos que serían llamados a asumir esta contribución.

Para el congresista, imponer un nuevo gravamen en las actuales condiciones económicas del departamento sería una decisión injustificada que terminaría afectando a miles de propietarios sin ofrecer garantías sobre la legalidad y conveniencia del proceso.

Ante este panorama, el representante hizo un llamado a las autoridades regionales, a los gremios, alcaldes, diputados, concejales y a la ciudadanía para conformar un frente común en defensa del Quindío y evitar que la propuesta avance.

Asimismo, solicitó al gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto revisar de manera inmediata este proceso y adoptar las decisiones necesarias para impedir que el cobro por valorización llegue a convertirse en una realidad para el departamento.

«Vamos a ejercer el control político que sea necesario para defender a los quindianos. No permitiremos que se les imponga una obligación económica que, además de ser cuestionable desde el punto de vista jurídico, no demuestra un beneficio real para quienes tendrían que pagarla», concluyó el representante John Edgar Pérez Rojas, «Perea».