La Superintendencia de Transporte anunció la apertura de investigaciones administrativas y la formulación de cargos contra las empresas TRANS LOGYTOUR S.A.S., TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA y CÍA S.C.A., y el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A., por su presunta responsabilidad en el trágico accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en la vía La Línea, en el que murieron diez personas.

El siniestro se registró cuando un vehículo de transporte especial, de placas TBK683 y propiedad de TRANS LOGYTOUR S.A.S., se estrelló contra el puente Helicoidal, en el tramo entre Cajamarca y Calarcá.

Ante la gravedad de los hechos, la Supertransporte abrió dos procesos sancionatorios contra la empresa propietaria del vehículo. La primera investigación, formalizada mediante la Resolución 10539 del 30 de mayo de 2025, señala presunto incumplimiento de obligaciones legales y de reporte ante la autoridad de vigilancia, con cinco cargos formulados.

La segunda investigación, contenida en la Resolución 10701 del 6 de junio, apunta a supuestas irregularidades en la prestación del servicio de transporte el día del accidente. En este proceso se formularon siete cargos adicionales y se vinculó a TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA y CÍA S.C.A., empresa contratada por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, que habría solicitado el servicio.

De forma paralela, la Superintendencia también inició un proceso contra el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A., ubicado en Armenia. Según un informe del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), el CDA habría omitido requisitos técnicos esenciales durante la inspección del vehículo accidentado.

Como medida preventiva, se ordenó la suspensión de la habilitación del centro de diagnóstico, la cual deberá ser comunicada al público. Además, se dispuso la desconexión del RUNT, medida que permanecerá vigente hasta por seis meses o hasta que se corrijan las irregularidades detectadas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que estas acciones son parte de una respuesta “inmediata y coordinada entre las entidades del sector transporte”, y subrayó que el objetivo es “esclarecer los hechos, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la vida de los ciudadanos”.

Por su parte, el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave fue enfático: “Los empresarios y operadores del transporte deben cumplir las normas. No dudaremos en actuar con rigor ante hechos que comprometan la vida de los usuarios”.