La salida de la exfuncionaria del centro de reclusión por vencimiento de términos volvió a poner bajo la lupa la actuación de la justicia en uno de los procesos más sonados del país. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en el caso relacionado con presuntas irregularidades dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Luego de permanecer privada de la libertad por más de un año, Sandra Ortiz obtuvo su libertad temporal por una decisión sustentada en vencimiento de términos, figura contemplada por la legislación colombiana cuando no se cumplen los plazos procesales establecidos para avanzar hacia juicio.

Detrás de esta determinación estuvo la estrategia jurídica liderada por el abogado penalista Mauricio Camacho Fernández, un exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación que logró poner en evidencia retrasos procesales y abrió un nuevo frente de discusión sobre la capacidad del ente acusador para responder en casos de alta complejidad.

La defensa argumentó que el extenso volumen probatorio y los tiempos del proceso terminaron afectando el curso normal del expediente, situación que llevó al juez a ordenar la libertad de Ortiz mientras el caso continúa su trámite judicial. Desde el equipo jurídico han insistido en que esta decisión no representa una absolución ni el cierre definitivo del proceso, sino una garantía procesal contemplada en el sistema penal colombiano.

El caso ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y jurídicos. Para algunos, la decisión deja en evidencia vacíos operativos en la estructura investigativa; para otros, ratifica la importancia de respetar estrictamente los tiempos y garantías del debido proceso, incluso en investigaciones de alto impacto mediático.

La libertad de Sandra Ortiz vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de que la justicia colombiana actúe con mayor celeridad y precisión en procesos que comprometen la confianza ciudadana, especialmente cuando se trata de investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción que captan la atención nacional.