Nuevos documentos revelan detalles clave del escándalo que rodea a Juliana Guerrero, quien estuvo a punto de asumir como viceministra de Juventudes, pese a que los títulos académicos que presentó no cumplirían con los requisitos legales.

De acuerdo con facturas electrónicas registradas ante la DIAN, la Fundación Universitaria San José emitió cobros a nombre de Guerrero después de que, presuntamente, ya se le habían entregado los diplomas. Esta situación ha despertado serias dudas sobre la legalidad del proceso de graduación.

Los registros indican que el 28 de julio de 2025 se facturó un pago de un millón de pesos por derechos de grado en Contaduría Pública. Un día después aparecen consignaciones por más de siete millones de pesos, correspondientes a matrículas del programa de Contaduría Pública y del Tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria.

Lo que más ha llamado la atención es que los títulos habrían sido expedidos el 1 de julio de 2025, es decir, casi un mes antes de que se realizaran los pagos, una cronología que no coincide con los procedimientos académicos normales y que refuerza las sospechas sobre la validez de los diplomas.

A este hecho se suma la confirmación de que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro ni el examen TyT, requisitos obligatorios para la obtención de títulos de educación superior en Colombia.

La controversia salió a la luz tras una denuncia pública que alertó sobre su posible nombramiento en el Viceministerio de Juventudes sin cumplir con los requisitos académicos exigidos por la ley. Posteriormente, la institución educativa decidió anular los títulos, al no encontrar registros de notas, evaluaciones ni asistencia académica en sus sistemas.

El caso ha generado un fuerte debate nacional sobre los controles en la expedición de títulos universitarios y ha motivado revisiones internas a miles de diplomas emitidos por la misma institución, mientras avanzan las investigaciones para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.