El departamento del Quindío vuelve a aparecer en el escenario nacional tras la apertura de varias líneas de investigación que involucran al actual gobernador, Juan Miguel Galvis Bedoya, y a un exfuncionario de su administración.

De acuerdo con un auto de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó remitir a la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que se adelanten investigaciones preliminares contra el mandatario departamental por presuntas irregularidades en contratación.

En el documento se mencionan posibles conductas relacionadas con contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, hechos que ahora deberán ser verificados por el ente investigador.

Pero este no sería el único frente abierto. Paralelamente, la Fiscalía también adelanta indagaciones relacionadas con el exsecretario de Agricultura del departamento, Brian Naranjo, quien habría sido señalado en denuncias por un supuesto ofrecimiento irregular de bienes vinculados a la Gobernación del Quindío.

La investigación tomó mayor relevancia tras la aparición de audios que ya están en poder de las autoridades, en los cuales, según versiones conocidas por los investigadores, se mencionaría al gobernador dentro de conversaciones relacionadas con la supuesta garantía de dichas negociaciones. La autenticidad de estos audios está siendo analizada como parte de las labores investigativas.

Frente a esta situación, la Gobernación del Quindío emitió un comunicado en el que aseguró que ordenó revisar internamente lo ocurrido y solicitó a la oficina de control interno evaluar la conducta del exfuncionario mencionado.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en dos líneas de investigación:

• La compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema sobre presuntas irregularidades en contratación.

• Las denuncias relacionadas con un posible uso indebido o intento de negociación de bienes vinculados a la administración departamental.

Por ahora, las autoridades judiciales deberán determinar la veracidad de las pruebas y establecer si existe o no responsabilidad de los implicados en este nuevo capítulo que pone al departamento del Quindío bajo la lupa de la justicia.