A pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo, surge una inquietud que no pasa desapercibida entre los ciudadanos. Una información revelada por un medio regional señala que el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Jesús Armando Bedoya, figura con más de $757 millones en deudas por concepto de impuesto de Industria y Comercio con el municipio de Salento, correspondientes a los años 2019 a 2023.

Según la publicación, el establecimiento comercial de su propiedad aparece en el listado oficial de morosos de la Secretaría de Hacienda municipal. Hasta el momento, no se conocen públicamente pagos recientes, acuerdos de conciliación o aclaraciones formales que desvirtúen la información.

Además, el aspirante no habría respondido a las solicitudes de explicación por parte del medio de comunicación, lo que ha generado comentarios y críticas en redes sociales.

Este hecho abre un debate legítimo en el departamento: ¿Puede un aspirante al Congreso representar con autoridad moral a los ciudadanos si mantiene obligaciones tributarias pendientes con un municipio del Quindío?

El pago de impuestos no es solamente un deber legal, sino un compromiso con el desarrollo local. Los recursos provenientes del impuesto de Industria y Comercio permiten financiar inversión social, infraestructura y funcionamiento institucional en municipios turísticos como Salento, que dependen en gran medida de la actividad empresarial.

Legalmente, una deuda tributaria no inhabilita automáticamente a una persona para aspirar a un cargo de elección popular. Sin embargo, en el plano ético y político, la discusión es distinta: la confianza ciudadana se construye sobre coherencia entre el discurso y las acciones.

A puertas del 8 de marzo, la pregunta queda abierta para los votantes: ¿es este el perfil de liderazgo que el Quindío quiere llevar a la Cámara de Representantes?