El presidente Gustavo Petro expresó este miércoles una profunda preocupación por la “falta de garantías” en la organización de las elecciones presidenciales de 2026, al cuestionar el contrato de logística electoral que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Peticiones del Gobierno

En medio del proceso de adjudicación de un contrato de aproximadamente $2,1 billones para la logística y realización de los comicios –que incluye la impresión de cédulas y la distribución del material electoral– Petro reiteró que el registrador Hernán Penagos “no daría garantías” suficientes para asegurar el correcto desarrollo del proceso comicial.

El mandatario también manifestó su intención de excluir a la firma Thomas Greg, encargada de elaborar pasaportes, de las actividades relacionadas con la logística electoral, alegando que no reúne las condiciones necesarias de seguridad y confianza.

Respuesta institucional y críticas

Voceros de la Registraduría han señalado que el proceso contractual avanza conforme a los cronogramas previstos y bajo los estrictos controles legales que rigen la contratación pública, por lo que califican los señalamientos de Petro como una estrategia para socavar la credibilidad de la institución.

La comunidad política ha reaccionado alarmada ante lo que algunos consideran un intento de “deslegitimar la institucionalidad electoral”, advirtiendo que generar dudas en torno al proceso sólo contribuye a la polarización y amenaza la confianza ciudadana.

Contexto y próximos pasos

• Adjudicación en curso: Esta semana la Registraduría debe anunciar los oferentes seleccionados para el contrato de logística electoral 2026.

• Polémica persistente: Las afirmaciones de Petro surgen en medio de una disputa institucional que ha enfrentado al gobierno con la Registraduría desde hace semanas, especialmente tras la contratación de Thomas Greg.

• Confrontación política: La postura del presidente ha motivado un debate sobre la transparencia del proceso electoral y la autonomía de los órganos electorales.

¿Qué sigue?
Las tensiones entre el Ejecutivo y la Registraduría continúan a medida que avanza el proceso contractual. El anuncio de los oferentes se espera en los próximos días y será clave para determinar si se fortalece o debilita la confianza en la organización de las elecciones de 2026.