El reciente caso del atentado contra el excandidato Miguel Uribe Turbay ha generado controversia no solo por la gravedad del hecho, sino por el tratamiento que recibirá el menor de edad señalado como presunto sicario. Diversos sectores políticos y sociales han expresado su inconformidad al considerar que las penas para menores involucrados en delitos graves, como el homicidio, son demasiado leves. Ahora, la indignación aumenta al conocerse que tanto el joven como su familia serán incluidos en el programa de protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el menor será recluido en un sitio especial dentro del búnker de la Fiscalía, mientras que su familia contará con escoltas y otras medidas de seguridad proporcionadas por la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

“Tenemos un primer avance, que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Además, se garantizará la seguridad del menor, en compañía de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones”, explicó la fiscal Camargo.

Las medidas de protección incluyen reubicación, sostenimiento económico e incluso el cambio de identidad, como parte de las garantías para salvaguardar la vida e integridad de los protegidos.

El anuncio ha generado reacciones divididas. Mientras algunos defienden la necesidad de proteger la vida de todos los implicados en procesos judiciales, otros consideran que estas garantías premian la criminalidad y dejan de lado a las víctimas.