El diputado y candidato a la Cámara Álvaro Díaz Rodríguez hizo graves señalamientos públicos contra la administración departamental y responsabilizó directamente al gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya por el presunto incumplimiento en el pago de un contrato ejecutado en 2025.

Según Díaz Rodríguez, durante la campaña a la Gobernación respaldó activamente a Galvis Bedoya cuando —asegura— “nadie lo distinguía”, ayudándole a conseguir apoyos políticos y contactos estratégicos. Posteriormente, afirma haber recibido el contrato de obra 016 de 2025 con la entidad Proyecta, por un valor cercano a los 39 millones de pesos.

Once meses sin pago

De acuerdo con el denunciante, el contrato fue ejecutado en su totalidad junto al ingeniero May González, trabajando fines de semana y en jornadas nocturnas para cumplir con los compromisos adquiridos. Sin embargo, sostiene que han transcurrido once meses desde la finalización de la obra sin que se haya efectuado el pago.

“El contrato ya se terminó hace once meses y seguimos de papel en papel”, manifestó Díaz, quien asegura haber solicitado en repetidas ocasiones una reunión con el mandatario departamental para buscar una solución.

Dificultades económicas y reclamos directos

El candidato indicó que, para poder cumplir con la ejecución del contrato, tuvo que recurrir a préstamos personales, incluso pagando intereses mensuales. Afirma que atraviesa dificultades económicas debido a la falta de pago.

También mencionó al exfuncionario Bryan Naranjo, señalando que había advertido sobre su vinculación a la administración y que, según su versión, el gobernador tenía conocimiento de situaciones internas que hoy generan cuestionamientos.

Señalamientos políticos

Más allá del caso contractual, Díaz Rodríguez enmarcó su denuncia como un ejemplo de lo que considera maltrato a pequeños contratistas y empresarios del departamento.

“Es muy injusto que pisoteen a un contratista por un contrato de 39 millones de pesos. No estamos hablando de miles de millones”, expresó.

Hasta el momento, la Gobernación del Quindío no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas declaraciones.

El caso genera nuevas tensiones en el escenario político regional, especialmente en medio del calendario electoral y las aspiraciones al Congreso.