En abril del año anterior, a la brava y por orden del gobernador, desocuparon y salieron de las instalaciones o edificio donde operaban y administraban los funcionarios de las Empresas Públicas del Quindío (EPQ), pese a que existía de por medio la firma de un comodato que tranquilamente garantizaba su estancia, todo porque el gobernador, muy rabioso, no pudo alcanzar las mayorías en las elecciones en las juntas directivas, pese a tener la mayoría de acciones, no más del 50%, y manifestó que necesitaba el edificio y lo iba a ocupar con oficinas del despacho. El edificio donde estaba EPQ es propiedad de la gobernación. Otra vez pura paja.

Ya se han cumplido 13 meses, y el edificio está medio ocupado, mugroso, y sin habitarse, porque como es costumbre, el gobernador matonea inclusive a funcionarios y empleados de entidades de la cual, la misma gobernación hace parte, pues el departamento es el mayor accionista de las Empresas Públicas del Quindío, pero como los miembros de la junta directiva no hacen lo que al gobernador Galvis le da la gana, pues el gobernador hace lo que le da la gana con estos funcionarios y entidades.

Este ejemplo retrata su proceder, a las patadas jurídicas.

EPQ o Empresas Públicas del Quindío debe pagar hoy un arriendo en inmediaciones del parque Cafetero.

Antes de ser desalojado, previo convenio, EPQ, pagó arriendo unos meses a la gobernación, hasta que le hicieron desocupar en abril de 2025.  Ese arriendo ingresaba a la gobernación, y ahora el gobernador paga un arriendo a un particular pues es socio de EPQ, todo para no ver a los socios y funcionarios de EPQ. Pues si no los quiere ver, pues que renuncie. Lo que más le importa es mostrar que es el gobernador, y el que manda.

Mandará pero no gobierna, porque gobernar es absolutamente distinto a ese proceder, y eso es precisamente lo que le incomoda, que no le reconozcan como gobernador. Y así nadie lo respetará.

Estamos todos informados de cómo el gobernador trata a los funcionarios de las entidades públicas, como derrocha y dilapida los recursos públicos, que en su caso, debería cuidar, violando flagrantemente el artículo 7, de la ley 142 de 1994, ley de servicios públicos. Eso no es gobernar. Eso se llama faltar al respeto a los funcionarios, y descuido con los recursos públicos, que son de todos, pero el los maneja como si estuviera en un casino, malgastándolos sin tener el menor recato por los impuestos, los cuales son contribuidos por la ciudadanía.

Por Jota Domínguez Giraldo

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