El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó en el Congreso un ambicioso proyecto de ley dentro de la estrategia estatal denominada “Paz Total”. La iniciativa busca extender el alcance de la justicia transicional a 18 organizaciones armadas —entre ellas disidencias de las FARC y el Clan del Golfo— ofreciendo penas reducidas de 5 a 8 años a cambio de desarme, entrega de activos, liberación de menores, verdad y reparación a víctimas. También contempla beneficios para mandos medios y participantes en protestas, que podrían recibir rebajas de hasta el 70 %, siempre que cumplan requisitos estrictos.

Reacciones adversas

• Juan Manuel Santos, Nobel de Paz y arquitecto del Acuerdo con las FARC, ha calificado el proyecto de “improvisado” y “anárquico”, advirtiendo que incluye actores criminales sin claridad sobre sus interlocutores.

• Humberto de la Calle, exjefe negociador, pidió una pausa para “decantar” la propuesta.

• La Corte Suprema de Justicia, a través de magistrados como Myriam Ávila, ha señalado que el texto carece de suficiente discusión técnica, claridad operativa y análisis fiscal.

Defensas de Montealegre

• Asegura que “las llaves de la paz no se botaron al fondo del mar en La Habana”, defendiendo la posibilidad de nuevos acuerdos.

• Remarcó que la ley no pretende impunidad: “si no colaboran, siempre habrá pena privativa de la libertad”.

• Respondió al expresidente Santos con una frase contundente: “si se opone a este proceso de paz, la historia lo va a castigar”.

Puntos clave del proyecto

1. Beneficiarios: Jefes y mandos medios de grupos armados, civiles vinculados, desertores de FARC, disidencias y Clan del Golfo.

2. Penas propuestas: 5–8 años para líderes; 2–5 años para mandos medios; reincidentes hasta 8–10 años.

3. Bienes entregados: Podrían retener hasta el 12 % de los bienes entregados como parte de la colaboración.

4. Justicia transicional: No se creará una nueva jurisdicción como la JEP; los casos serán manejados por la Fiscalía a través de una Dirección Especializada.

El proyecto de Montealegre refleja un giro estratégico del gobierno: no solo busca consolidar lo acordado con las FARC, sino también incorporar actores criminales en un modelo judicial transicional. Aunque el Gobierno le apuesta a esta herramienta para fortalecer la seguridad y la reintegración, las voces de exnegociadores y la Corte exigen fundamentos más sólidos, análisis técnicos y consenso político antes de avanzar.