El caso que comenzó con la desaparición de una suma de dinero en la vivienda de Laura Sarabia vuelve a ocupar la atención de la justicia. La exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro deberá comparecer el próximo 14 de septiembre ante un juez, en medio de la investigación que busca establecer su eventual responsabilidad en una serie de actuaciones relacionadas con su antigua niñera, Marelbys Meza.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Sarabia reportó la pérdida de una maleta que contenía dinero y surgieron sospechas sobre Meza. La mujer fue sometida a un interrogatorio y posteriormente a una prueba de polígrafo en instalaciones oficiales.

Sin embargo, la investigación tomó un rumbo mucho más complejo cuando se conoció que el teléfono de Meza había sido interceptado de manera irregular. Para conseguir las autorizaciones, su nombre habría sido relacionado falsamente con integrantes del Clan del Golfo, situación que permitió que sus comunicaciones fueran vigiladas.

Por estas interceptaciones, un juez de Bogotá condenó en octubre de 2025 al intendente Alfonso Quinchanegua y a una patrullera a diez años de prisión. Durante el proceso judicial se estableció que la operación de inteligencia utilizó información falsa para justificar las interceptaciones.

Ahora, la Fiscalía busca determinar si Sarabia tuvo algún grado de participación en los procedimientos que terminaron afectando a su exniñera. La investigación contempla, entre otros aspectos, el interrogatorio, el uso del polígrafo y las interceptaciones telefónicas.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación al coronel Carlos Feria, quien para entonces estaba al frente de la seguridad presidencial, así como a otros integrantes del esquema de seguridad que pudieron tener conocimiento o participación en los procedimientos cuestionados.

Uno de los puntos que todavía permanece sin una respuesta definitiva es el origen del dinero que se encontraba en la maleta cuya desaparición dio inicio a toda la cadena de acontecimientos.

Sarabia ha negado responsabilidad en las irregularidades y ha señalado que su defensa jurídica está a cargo de sus abogados. Mientras tanto, la audiencia prevista para septiembre será clave para conocer los argumentos de la Fiscalía y establecer cuáles serán los siguientes pasos dentro del proceso.