El futuro político del senador electo Wadith Manzur se ha convertido en tema de debate jurídico y político, luego de su vinculación al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Pese a haber obtenido una de las votaciones más altas de su partido, con más de 110 mil votos, su situación judicial ha puesto en riesgo la posibilidad de ocupar su escaño en el Congreso para el periodo 2026–2030.

En este contexto, la principal movida de su defensa y entorno político gira alrededor de evitar que se aplique la figura de la “silla vacía”, un mecanismo que impediría que su curul sea ocupada por otro integrante del partido y que dejaría el puesto sin representación.

La estrategia se centra en que, al no existir una condena en firme, Manzur conserve sus derechos políticos mientras avanza el proceso judicial. Esto le permitiría intentar posesionarse o, en su defecto, mantener abierta la posibilidad de recuperar la curul dependiendo de cómo evolucione su situación ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso ha abierto un fuerte debate sobre los límites entre la presunción de inocencia y las sanciones políticas, especialmente en situaciones donde los congresistas electos enfrentan procesos por presuntos hechos de corrupción.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto. Si la justicia avanza hacia decisiones más contundentes, podría consolidarse la pérdida efectiva de la curul; pero si el proceso se prolonga sin fallo definitivo, el camino para conservarla aún no estaría completamente cerrado.