En el departamento del Quindío, el nombre de Isabel Cristina Lezama Velásquez, secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento, ha quedado en el ojo del huracán tras un episodio que varios actores locales califican como una maniobra que podría haber afectado el normal desarrollo de una asamblea extraordinaria de Empresas Públicas del Quindío (EPQ).

El lunes 11 de agosto, EPQ convocó a sus accionistas para reunirse el jueves 21 de agosto a las 10:00 a. m. Sin embargo, apenas un día después de que la Gobernación recibiera la notificación de dicha convocatoria, Lezama citó a sesión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) para la misma fecha, a las 9:00 a. m., con el fin de tratar recusaciones en el proceso de elección del director de la entidad.

La cercanía de los horarios generó críticas, pues la coincidencia habría obstaculizado la participación de algunos miembros clave en la asamblea de EPQ, entre ellos el alcalde de Pijao, Jhon Jairo Restrepo Gallego, quien enfrenta una recusación radicada el pasado 5 de agosto. Según analistas locales, la medida habría favorecido indirectamente al mandatario, evitando que respondiera sobre ese proceso en el marco de la reunión de EPQ.

Para algunos sectores, no se trató de una coincidencia, sino de una acción calculada que pone en entredicho el compromiso institucional con la transparencia y la coordinación. En sus declaraciones, líderes ciudadanos han manifestado que este tipo de decisiones fortalecen la percepción de que en el departamento se están priorizando intereses particulares sobre el beneficio colectivo.

El episodio ha reavivado las discusiones sobre la influencia que puede ejercer una sola funcionaria en dos entidades públicas de alto impacto para el Quindío, así como la urgencia de garantizar que la agenda institucional se organice de forma que evite choques que puedan interpretarse como obstrucciones deliberadas.