Un hecho de máxima gravedad institucional se presentó hoy lunes 22 de diciembre de 2025 en el municipio de Calarcá, Quindío, donde el alcalde municipal fue víctima de agresiones verbales y ataques contra su vehículo, presuntamente por parte de personas vinculadas a una actividad promovida desde la Gobernación del Quindío.

De acuerdo con la información conocida, el mandatario local se encontraba haciendo cumplir la ley y protegiendo el orden en el espacio público, cuando fue increpado, insultado y su vehículo fue objeto de agresiones, en un acto que constituye una falta de respeto grave a la autoridad municipal y a la institucionalidad.

Los hechos ocurrieron en medio de un evento impulsado por la administración departamental, situación que ha generado profunda indignación ciudadana y serios cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos contratistas, colaboradores o asistentes que acompañan este tipo de actividades oficiales.

Es importante señalar que los hechos quedaron registrados en video, material audiovisual en el que se puede evidenciar la presencia de asesores del gobernador, entre ellos Leo Montoya, lo que refuerza la necesidad de explicaciones claras y responsabilidades políticas frente a lo sucedido.

Resulta inaceptable que, en el marco de eventos institucionales, se presenten actos de intimidación y violencia contra la primera autoridad de un municipio, vulnerando no solo la investidura del alcalde, sino también el principio de autonomía territorial y respeto por la ley.

La ciudadanía se pregunta hoy si en el Quindío se está normalizando el irrespeto a la autoridad local, y si el gobernador Juan Miguel Gálviz asumirá la responsabilidad política frente a las actuaciones de quienes participan o trabajan en actividades promovidas por su administración.

Se exige un pronunciamiento oficial y contundente por parte de la Gobernación del Quindío, así como la intervención inmediata de los organismos de control y la Fiscalía, para que estos hechos sean investigados con base en las pruebas audiovisuales existentes y no se repitan.

La democracia, el respeto por la ley y la convivencia institucional no pueden ser atropellados por conductas irresponsables ni por abusos de poder.