Mientras el país debate la política agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro y el partido Pacto Histórico, en el municipio de Quimbaya quedó en evidencia lo que para muchos sectores representa una falta de dirección clara desde el Gobierno Nacional frente a los conflictos por la tierra.

Tras varias mesas de diálogo y un trabajo interinstitucional liderado por el Gobierno del Quindío, este lunes se logró la desocupación pacífica de un predio que había sido ocupado por movimientos y asociaciones campesinas del departamento.

El proceso fue articulado por el secretario encargado del Interior, Diego Alexander Santamaría, delegado del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, y contó con la participación de la Procuraduría Regional del Quindío, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Batallón Cisneros del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno municipal, la Personería local y la Defensoría del Pueblo.

Según informó Santamaría, el trabajo coordinado permitió garantizar el orden público y la seguridad durante el proceso. “Desde el Gobierno del Quindío queremos informar que tras unas mesas de diálogo y un trabajo articulado con las diferentes instituciones del orden nacional, departamental y municipal, logramos una solución pacífica frente a la ocupación de un predio en el municipio de Quimbaya”, señaló.

Para sectores críticos del Gobierno Nacional, el episodio refleja cómo, pese a que la política de tierras es una de las banderas centrales del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, son las autoridades regionales las que terminan asumiendo el manejo directo de las tensiones generadas por ocupaciones y reclamos campesinos.

El secretario destacó que la presencia de las distintas entidades permitió asegurar un diálogo respetuoso entre las partes. “Gracias a este diálogo respetuoso y a la voluntad de las asociaciones campesinas, se alcanzó la desocupación voluntaria sin confrontaciones, garantizando el orden público, la seguridad y el respeto por los derechos de todas las partes”, agregó.

Como parte de los compromisos adquiridos, se acordó la realización de una nueva mesa de trabajo el próximo 18 de marzo, en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Armenia, con la participación del vicepresidente de la ANT, Andrés Salazar Charry, con el fin de avanzar en soluciones dentro del marco de la política agraria nacional.

El caso de Quimbaya reabre el debate sobre la efectividad de las políticas agrarias del Gobierno Petro y el rol del Pacto Histórico en la prevención de ocupaciones de hecho, en medio de un panorama nacional donde los conflictos por la tierra siguen generando incertidumbre en diferentes regiones del país.