El contrabando de cigarrillos es hoy un problema estructural en Colombia. Se estima que el 36 % de los cigarrillos que circulan en el país son ilegales, cifra que representa pérdidas para las arcas estatales superiores a un billón de pesos anuales.

Ante esa realidad, el gobierno y entidades privadas han diseñado una estrategia llamada Zonas de Comercio Legal (ZCL), con la que se espera reducir el contrabando actuando directamente sobre un eslabón clave: los tenderos y pequeños comerciantes.

¿En qué consiste la estrategia Zonas de Comercio Legal?

• La iniciativa busca capacitar a más de mil comerciantes —tenderos, dueños de minimercados, panaderías y licorerías— para que solo ofrezcan productos legales y sepan reconocer cuándo están ante mercancía de contrabando.

• La formación combinará modalidades virtuales y presenciales, abarcando temas como normatividad, finanzas, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente y control de productos.

• Se espera que los participantes que culminen la capacitación sean reconocidos como “Embajadores de la Legalidad”, una distinción que apunta a generar confianza entre consumidores y comunidad.

• La estrategia se implementará en 11 ciudades principales del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Impacto regional desigual y pérdidas acumuladas

Las cifras muestran un desequilibrio regional marcado:

• En departamentos fronterizos y zonas caribeñas, el contrabando es una práctica dominante. En La Guajira, por ejemplo, el 87 % de los cigarrillos consumidos son ilegales; en Cesar, el 81 %; en Magdalena, el 79 %; y en Norte de Santander, el 75 %.

• En zonas rurales, más de la mitad del consumo corresponde a marcas ilegales.

• Entre 2017 y 2024, Colombia dejó de recaudar aproximadamente 5,3 billones de pesos como consecuencia directa del comercio ilícito de cigarrillos.

Estas cifras no solo afectan al sector fiscal, sino que también impactan el financiamiento de salud, educación y programas sociales, al desviar recursos que podrían utilizarse para inversión pública.