Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente convenios relacionados con la producción de pasaportes y pidió explicaciones sobre la operación, seguridad y manejo de las libretas.

El nuevo modelo de expedición de pasaportes impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente dos convenios que hacen parte del esquema implementado para que el Estado asumiera un papel central en la producción y personalización del documento.

La decisión fue adoptada por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, dentro de una acción popular que puso bajo análisis aspectos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación del servicio.

Uno de los elementos que llamó la atención del Tribunal fue la falta de claridad sobre aspectos esenciales de la operación. Entre ellos están la ubicación de las libretas, el lugar donde se realiza su personalización, las condiciones de seguridad, la participación de terceros y los costos asociados al proceso.

Por esta razón, la decisión estableció un plazo de 20 días hábiles para que las entidades involucradas entreguen información detallada que permita establecer cómo está funcionando realmente el nuevo esquema.

Una decisión diferente a la tomada en julio

El nuevo pronunciamiento adquiere especial relevancia porque semanas atrás otro magistrado del mismo Tribunal había tomado una decisión distinta frente a una solicitud de la Procuraduría.

El 27 de julio de 2026, el magistrado José Élver Muñoz negó la medida cautelar que buscaba detener los desembolsos relacionados con el nuevo modelo, al considerar que no estaban acreditados los requisitos necesarios y que suspender los recursos podía afectar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.

Ahora, el Tribunal vuelve a intervenir, pero desde otro proceso y con un enfoque diferente: no se trata de una decisión definitiva sobre la legalidad de todo el modelo, sino de una medida cautelar de carácter provisional mientras se esclarecen las condiciones en las que está operando el sistema.

¿Qué pasa con los ciudadanos?

La suspensión judicial no significa que los colombianos queden automáticamente sin posibilidad de obtener su pasaporte.

El Gobierno aseguró que continuará trabajando para garantizar la prestación del servicio. La Cancillería informó que actualmente existe un inventario de aproximadamente 600.000 pasaportes, con 410.000 disponibles y otros 190.000 previstos próximamente, lo que, según sus cálculos, representa una cobertura superior a cuatro meses.

Mientras avanza el proceso judicial, el debate se concentra ahora en determinar si el nuevo esquema cuenta con las condiciones técnicas, financieras y de seguridad necesarias para garantizar la producción de un documento considerado estratégico para los ciudadanos colombianos.

La decisión del Tribunal, por ahora, abre una nueva etapa de revisión sobre un modelo que desde su implementación ha estado rodeado de cuestionamientos políticos, contractuales y judiciales.