Una de las cadenas de farmacias más reconocidas de Colombia, Drogas La Rebaja, vuelve al centro del debate nacional tras convertirse en una herramienta clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis en la entrega de medicamentos.

La historia de esta red está marcada por un pasado controversial. Fue creada en los años 80 por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, quienes utilizaron el negocio como una fachada para lavar dinero del narcotráfico.

Lo que comenzó como la compra de supermercados terminó convirtiéndose en un poderoso imperio farmacéutico con presencia nacional. La cadena llegó a tener cerca de 800 puntos de venta, miles de empleados y billonarios ingresos, consolidándose como una de las más grandes del país.

Sin embargo, su vínculo con el narcotráfico quedó al descubierto en medio de la guerra entre carteles a finales de los años 80, cuando decenas de sus sedes fueron blanco de atentados. Esto desencadenó investigaciones que terminaron con la captura y posterior extradición de los Rodríguez Orejuela, así como con la incautación del negocio por parte del Estado.

Tras años de procesos judiciales, la cadena pasó definitivamente a manos del Estado colombiano. Más recientemente, el Gobierno decidió convertirla en un operador farmacéutico público, con el objetivo de mejorar la distribución de medicamentos en el país.

El presidente Petro anunció que muchos de los puntos de Drogas La Rebaja serán utilizados como centros de atención en salud y lugares de entrega de medicamentos para los usuarios del sistema, incluyendo a afiliados de las EPS. La estrategia busca reducir la intermediación privada y garantizar un acceso más rápido y eficiente a los tratamientos.

Esta decisión se da en medio de una crisis en el sistema de salud, donde miles de pacientes han denunciado demoras en la entrega de medicamentos. Frente a este panorama, el Gobierno apuesta por aprovechar la infraestructura de esta histórica cadena para fortalecer la atención primaria y transformar el modelo de distribución farmacéutica en Colombia.

Así, un negocio que nació en la ilegalidad hoy se convierte en una de las principales cartas del Estado para intentar resolver uno de los problemas más sensibles del sistema de salud: el acceso oportuno a los medicamentos.