Un nuevo escándalo sacude al Departamento del Quindío tras revelarse graves denuncias contra el exsecretario de Agricultura, Brayan Naranjo, quien habría utilizado bienes públicos y privados para respaldar deudas personales que, según versiones conocidas, alcanzarían los $2.000 millones de pesos.

De acuerdo con la información conocida, Naranjo no solo habría empeñado una camioneta adscrita a la Secretaría de Gobierno departamental, sino que además habría entregado en dación de pago una lujosa vivienda, presuntamente utilizando un poder falso que supuestamente le habría otorgado el propietario del inmueble.

Audio compromete el nombre del gobernador

En un audio que ha comenzado a circular, Naranjo sostiene una conversación con el dueño de la casa y menciona directamente al gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, asegurando que estaría involucrado en el asunto.

Durante el diálogo, el propietario del inmueble exige hablar directamente con el mandatario departamental para aclarar la situación. Acto seguido, Naranjo realiza dos llamadas telefónicas en las que consulta por dos proyectos: uno relacionado con una unidad móvil y otro con la instalación de cámaras de seguridad, cuyo valor ascendería a $25.000 millones.

Según lo expresado en la conversación, estos proyectos serían la base para gestionar recursos con los que prometía saldar la millonaria deuda y recuperar la vivienda entregada.

Posibles implicaciones penales y disciplinarias

De comprobarse las denuncias, los hechos podrían configurar delitos como falsedad en documento, abuso de confianza, fraude y posible utilización indebida de bienes del Estado. Además, la mención directa del gobernador en el audio abre un nuevo capítulo político que podría tener repercusiones disciplinarias y judiciales.

Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del exsecretario ni del gobernador frente a estas acusaciones.

La situación genera preocupación en el departamento, pues involucra presuntamente recursos públicos, proyectos de alto valor y la utilización de bienes oficiales para respaldar deudas privadas. Las autoridades competentes deberán establecer la veracidad de los audios y determinar las responsabilidades correspondientes.