Un nuevo escándalo sacude al Congreso de la República tras revelarse que cerca de 30 legisladores están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por un presunto entramado de corrupción relacionado con contratos públicos.

El caso gira en torno al Instituto Nacional de Vías (Invías), una entidad clave en la infraestructura del país, donde se habrían direccionado millonarios contratos a cambio de respaldo político en el Legislativo.

Según las investigaciones, el expediente incluye miles de folios con pruebas como chats, registros de reuniones y testimonios que apuntan a un posible acuerdo: votos favorables a iniciativas del Gobierno a cambio de beneficios contractuales en distintas regiones del país.

Una de las piezas centrales del caso es el testimonio de María Alejandra Benavides, exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, quien ha entregado información detallada sobre encuentros, compromisos y posibles acuerdos entre funcionarios y congresistas.

Las indagaciones también señalan que el esquema podría haber movido cifras superiores al billón de pesos, a través de la asignación de contratos que, presuntamente, buscaban asegurar apoyos en decisiones clave como la aprobación del presupuesto nacional y reformas impulsadas por el Gobierno.

El foco de la investigación está en congresistas que integran comisiones económicas, donde se toman decisiones fundamentales sobre el manejo de los recursos públicos. Allí, según las autoridades, se habría concentrado la estrategia para intercambiar respaldo legislativo por inversión dirigida a determinadas regiones.

Aunque aún no hay condenas, el caso ya es considerado uno de los escándalos políticos más delicados de los últimos años, por el número de implicados y el volumen de recursos comprometidos.

Mientras avanzan las investigaciones, los congresistas mencionados han negado cualquier irregularidad y aseguran que se trata de interpretaciones erróneas de su labor legislativa. Sin embargo, la Corte Suprema continúa recopilando pruebas que podrían definir responsabilidades penales.

Así, el país vuelve a enfrentar un episodio que pone en duda la transparencia en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que podría tener profundas consecuencias en la confianza ciudadana hacia las instituciones.