La polémica por el colegio–universidad construido en el Catatumbo, inaugurado oficialmente sin contar con servicios básicos, sigue generando cuestionamientos mientras se intenta poner en funcionamiento la infraestructura.

Aunque el complejo educativo en El Tarra (Norte de Santander) fue presentado como una apuesta para ampliar el acceso a la educación en la región, varios meses después de su inauguración continúa sin recibir estudiantes debido a la falta de agua, energía y otros servicios esenciales.

Ante este panorama, las autoridades tuvieron que iniciar un nuevo proceso contractual para resolver uno de los principales problemas: el suministro de agua. La obra fue adjudicada a la empresa Proexi Ingeniería, encargada de construir la red de acueducto que permitirá abastecer el complejo educativo.

El proyecto inicial, que superó los 8.300 millones de pesos, se ejecutó sin dejar completamente definido quién debía garantizar la conexión a los servicios públicos, lo que derivó en retrasos y en un cruce de responsabilidades entre entidades nacionales, autoridades locales y contratistas.

Mientras se solucionan estas fallas, más de 600 estudiantes —entre educación básica y programas técnicos— permanecen a la espera de poder utilizar las instalaciones, que hoy siguen sin condiciones mínimas para operar.

El caso ha puesto en evidencia problemas de planeación en la ejecución de obras públicas, donde infraestructuras terminadas no siempre garantizan su funcionamiento inmediato, especialmente cuando dependen de servicios que no fueron asegurados desde el inicio.