La crítica que lanzó el arquitecto Luis Eugenio Prada Niño hace más de dos años al presidente Gustavo Petro comienza a materializarse: pérdidas de miles de millones de pesos, proyectos inconclusos y un avance inferior al 10 % en la recuperación de vías terciarias en Colombia.

Una promesa que generó esperanza

El 26 de marzo de 2023, durante la clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal, Petro anunció una inversión de 8 billones de pesos destinada a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 33.000 kilómetros de vías terciarias. Este programa se planteó llevarse a cabo mediante la contratación directa con juntas de acción comunal, comunidades étnicas y raizales, y entidades sin ánimo de lucro.

La advertencia de Prada Niño

Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Asociación Santandereana de Arquitectos, fue uno de los primeros en advertir públicamente que había riesgos significativos. En una carta enviada al presidente, sostuvo que entregar tareas de alta complejidad técnica a personas sin la preparación necesaria —aunque tuviesen buenas intenciones— podría derivar en incumplimientos, deterioro legal, técnico y presupuestal. Prada apuntó que la ley 842 de 2003 obliga a que obras de infraestructura como construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas sean ejecutadas por profesionales idóneos.

Lo que la auditoría revela

Más de dos años después del anuncio, los informes de la Procuraduría, Contraloría y otras entidades muestran un panorama preocupante:

• Avances de apenas 5-10 % en muchas de las vías incluidas en el programa, especialmente en regiones como Caquetá y Huila.

• Proyectos estancados, con convenios firmados pero sin ejecución; retrasos en cronogramas previstos originalmente de 1-3 meses que hoy se extienden entre 7 y 12 meses.

• Pérdida estimada de 200.000 millones de pesos por anticipos entregados, obras nunca iniciadas o suspendidas, y problemas en la supervisión de los contratos.

• Señalamientos de “piñatas” en la administración de los recursos.

Reacciones institucionales y pendientes de acción

El Congreso abrió un debate de control político en mayo de 2025 al citado programa “Caminos Comunitarios para la Paz Total”. Se llamó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director de Invías, Jhon Jairo González, para que respondieran por los retrasos y fallas en la ejecución.

Hasta ahora, sin embargo, no se han divulgado correctivos contundentes que garanticen una mejora notable. Los costos en tiempo, dinero y confianza persisten, al igual que los reclamos de comunidades rurales que siguen esperando mejores vías, conectividad y desarrollo.