Una profunda controversia se ha desatado en varias regiones del país por cuenta de la actualización catastral, un proceso técnico que hoy tiene en jaque a miles de propietarios debido al fuerte incremento en el impuesto predial.

Detrás de este proceso está el modelo de catastro multipropósito, impulsado por el Gobierno Nacional y ejecutado por gestores catastrales en diferentes territorios. Su objetivo es actualizar la información de los predios —en aspectos físicos, jurídicos y económicos— para acercar su valor al precio real del mercado.

Sin embargo, lo que en teoría busca mayor equidad tributaria, en la práctica ha generado preocupación. El avalúo catastral es la base sobre la cual se calcula el impuesto predial, por lo que cualquier aumento impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos.

En muchos municipios, esta actualización ha significado incrementos considerables en los cobros, especialmente en zonas rurales y de estratos medios, donde los propietarios aseguran no tener la capacidad económica para asumir los nuevos valores. La situación ha provocado protestas, bloqueos y un fuerte debate político sobre la forma en que se está implementando la medida.

El proceso no es nuevo. Hace parte de una estrategia nacional que busca reducir el rezago en la información catastral del país, modernizar la gestión del territorio y mejorar la planificación urbana y rural. Sin embargo, su aplicación ha dejado al descubierto tensiones entre la necesidad de actualizar el valor de los predios y la realidad económica de muchos colombianos.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como un paso necesario para que el sistema tributario sea más justo, distintos sectores piden revisar los métodos de cálculo y establecer límites más claros para evitar incrementos desproporcionados.

Hoy, el debate ya no gira solo en torno a la actualización del catastro, sino a quién asume sus consecuencias y cómo garantizar que este proceso no termine afectando de manera desmedida a los ciudadanos.