El contrato por cerca de $10.000 millones que el Gobierno Nacional suscribió con una firma internacional de abogados para gestionar la salida del presidente Gustavo Petro de la denominada Lista OFAC, conocida popularmente como la «Lista Clinton», finalizó sin que se alcanzara el propósito para el que fue contratado.

La firma Amadeus Consultancy Limited, contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), prestó asesoría jurídica y adelantó gestiones ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, al cierre del contrato, el mandatario colombiano continúa incluido en las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El contrato generó un intenso debate político desde su firma, debido al monto de los recursos públicos destinados a la estrategia jurídica y a las dudas planteadas por distintos sectores sobre si el Estado debía asumir los costos de una defensa relacionada con la situación personal del jefe de Estado. Incluso, organismos de control revisaron el proceso contractual tras denuncias sobre posibles irregularidades.

En los últimos días, el propio presidente Petro confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cual le solicitó revisar su permanencia en la Lista OFAC. Según el mandatario colombiano, el tema quedó sobre la mesa, aunque hasta el momento no se ha producido una decisión oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Con el vencimiento del contrato, el balance deja como resultado la prestación de asesorías legales, pero sin que se concretara la exclusión del presidente de la lista de sanciones financieras, objetivo que motivó la millonaria contratación.