Después de años de denuncias silenciosas en medio de la selva de Nariño y Putumayo, el pueblo indígena Awá consiguió una victoria judicial y ambiental que hoy pone a Ecopetrol bajo presión nacional e internacional.

La disputa surgió por los constantes derrames de petróleo registrados en territorios ancestrales atravesados por el Oleoducto Trasandino, operado por la filial Cenit. Según las comunidades, durante años la contaminación afectó ríos, cultivos, animales y fuentes de agua fundamentales para su supervivencia.

La batalla legal tomó fuerza desde 2018, cuando líderes indígenas, acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron acciones judiciales contra Ecopetrol y varias entidades del Estado colombiano. La Corte Constitucional terminó reconociendo que existió una afectación sistemática sobre el territorio Awá y ordenó medidas urgentes para proteger a las comunidades y restaurar los ecosistemas afectados.

El caso trascendió las fronteras de Colombia. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega decidió retirar inversiones de Ecopetrol tras cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales relacionados con pueblos indígenas. La decisión fue interpretada como un fuerte llamado internacional sobre la responsabilidad ambiental de la petrolera estatal.

Los Awá aseguran que la contaminación transformó completamente sus costumbres ancestrales. Muchas familias tuvieron que abandonar prácticas tradicionales como la pesca, la caza y la agricultura debido al deterioro de las fuentes hídricas y del suelo.

El fallo también abrió un debate nacional sobre la responsabilidad de las empresas frente a ataques armados contra oleoductos, ya que expertos advierten que la decisión judicial podría cambiar las reglas del transporte petrolero en Colombia.