La tensión política entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa volvió a poner en el centro del debate la situación de la frontera binacional, donde el narcotráfico y los grupos armados ilegales han ganado terreno en los últimos años.

Expertos en seguridad y analistas de la región advierten que zonas como Tumaco, Putumayo, Esmeraldas y el puente de Rumichaca se han transformado en corredores estratégicos para el tráfico de cocaína, armas y contrabando, aprovechando la débil presencia institucional en ambos lados de la frontera.

El deterioro de la cooperación diplomática entre Bogotá y Quito también habría dificultado las operaciones conjuntas contra las estructuras criminales que operan en la región. Mientras los gobiernos intercambian señalamientos políticos, organizaciones ilegales continúan ampliando su influencia sobre rutas marítimas y terrestres utilizadas para enviar droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En territorio ecuatoriano, bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones han fortalecido su capacidad armada y su presencia en puertos y pasos fronterizos, generando una escalada de violencia que preocupa a las autoridades de ambos países.

A esto se suma la actividad de grupos armados colombianos y redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, que aprovechan la complejidad geográfica y la limitada vigilancia estatal para consolidar negocios ilegales. Organizaciones como Comandos de la Frontera continúan siendo señaladas por su participación en el tráfico de drogas y control territorial en zonas limítrofes.

Analistas consideran que la crisis no responde únicamente a diferencias ideológicas entre mandatarios, sino a años de abandono estatal, pobreza y ausencia de oportunidades económicas en comunidades fronterizas que han quedado expuestas al poder de las mafias.