El gobierno del presidente Gustavo Petro reactivó la compra de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, generando controversia debido a su postura histórica en contra del uso de este herbicida.

El contrato fue adjudicado a la empresa Del Monte Agrosciences SAS, representada por el empresario mexicano Iván Ramírez García Peralta. El acuerdo supera los 2.600 millones de pesos y está destinado al suministro del químico para operativos de erradicación en distintas regiones del país.

La adquisición se enmarca dentro del Programa de Aspersión Terrestre que ejecuta la Policía Nacional, estrategia que actualmente se desarrolla mediante drones y equipos manuales, evitando la aspersión aérea tradicional.

Durante su campaña presidencial, Petro fue uno de los críticos más fuertes del glifosato, señalando sus posibles impactos ambientales y en la salud pública. Incluso aseguró que en su gobierno no se utilizaría este químico como herramienta principal en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el aumento sostenido de las hectáreas sembradas con coca y la presión en materia de seguridad han llevado a un replanteamiento de esa posición.

Cabe recordar que la aspersión aérea con glifosato permanece suspendida desde 2015 por decisión de la Corte Constitucional, que ordenó mayores garantías ambientales y sanitarias antes de reactivar esa modalidad.

Aunque el Ejecutivo insiste en que el método actual es terrestre y más focalizado, sectores políticos han señalado una contradicción entre el discurso inicial del mandatario y las decisiones adoptadas recientemente. El debate también se da en el contexto de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, país que históricamente ha respaldado el uso de este tipo de herramientas en la lucha contra el narcotráfico.

La discusión sobre el glifosato vuelve así al centro del escenario político, en momentos en que Colombia enfrenta cifras históricas en cultivos ilícitos y busca redefinir su estrategia contra el narcotráfico.