El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de nulidad contra el decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026, decisión que abre un nuevo frente jurídico contra una de las medidas económicas más polémicas del presidente Gustavo Petro.

La demanda cuestiona la legalidad y la metodología utilizada por el Gobierno para establecer el aumento, señalando que no se habrían respetado los criterios técnicos obligatorios como inflación, productividad, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con los demandantes, el decreto se basó en un concepto alternativo de “salario vital” que no está contemplado en la ley, lo que podría convertir la decisión en inconstitucional y contraria al marco jurídico vigente.

Además, se advierte que el incremento aprobado tendría efectos negativos sobre el empleo, la formalidad laboral y la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, en un momento en el que la economía enfrenta desaceleración y altos costos de operación.

El alto tribunal ya ordenó notificar a los ministerios involucrados y solicitar todos los soportes técnicos y administrativos que sustentaron la decisión del Ejecutivo. También quedó abierta la posibilidad de que se estudie una medida cautelar para suspender provisionalmente el decreto mientras se resuelve el proceso.

Con esta decisión, se consolida un pulso jurídico directo entre el Gobierno y los sectores que consideran que el aumento del salario mínimo fue improvisado, populista y sin sustento técnico, lo que podría tener consecuencias de fondo para la política económica del país.