El general Juan Miguel Huertas Herrera vuelve al centro de la controversia nacional luego de que salieran a la luz nuevos señalamientos que se suman a su historial en las Fuerzas Militares. Su nombre, ya vinculado a graves denuncias por presuntos casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2003, ahora aparece ligado a una investigación por posibles vínculos con las disidencias del grupo armado liderado por alias Calarcá.

Antecedentes: los graves señalamientos por falsos positivos

El expediente histórico contra Huertas detalla que, cuando era capitán en la IV Brigada, firmó órdenes de operaciones que terminaron en la muerte de civiles que posteriormente fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Entre estos casos se encuentran el asesinato de cuatro jóvenes reclutados bajo falsas ofertas de empleo y una menor de 16 años, cuyo fallecimiento fue presentado como enfrentamiento, pese a testimonios campesinos que advertían que todo habría sido un montaje militar.

A pesar de ese historial, Huertas fue reincorporado al Ejército en agosto de 2025 por orden del presidente Gustavo Petro, quien lo designó como jefe del Comando de Personal.

Nuevos señalamientos: vínculos con disidencias

El reciente escándalo se originó por denuncias que lo relacionan con contactos irregulares con las disidencias de alias Calarcá. Según la investigación, Huertas habría facilitado información militar sensible, incluidas frecuencias de comunicación del Ejército, y habría permitido la creación de empresas de seguridad usadas como fachada para apoyar la movilidad de estructuras armadas ilegales.

Estos hechos llevaron a que la Procuraduría suspendiera provisionalmente al general y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia mientras avanzan las pesquisas.

El respaldo del gobierno y la respuesta institucional

A pesar de la gravedad de las denuncias, el presidente Petro continúa defendiendo al general Huertas, asegurando que los señalamientos carecen de sustento y que el tiempo desde su reincorporación no sería suficiente para establecer vínculos con estructuras criminales.

Mientras tanto, el Ejército adelanta investigaciones internas y la Fiscalía abrió indagaciones formales. La JEP ya había relacionado al general con macrocasos de falsos positivos, aunque no lo catalogó como máximo responsable.

Un caso que abre heridas y profundiza la crisis institucional

El expediente del general Huertas vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la depuración de la Fuerza Pública, la confianza en las instituciones militares y el compromiso estatal con la verdad y la justicia. Para las víctimas, la reincorporación y el respaldo político al oficial representan un golpe a la memoria y a la lucha por el esclarecimiento de los crímenes cometidos.

El caso se convierte así en uno de los episodios más sensibles de la actual coyuntura política y militar en Colombia, con profundas implicaciones para la credibilidad del gobierno y la estabilidad institucional del país.