Un informe periodístico reveló que dos altos oficiales militares vinculados por el gobierno de Gustavo Petro habrían sido infiltrados por las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá. Los señalados son el general Juan Miguel Huertas y el general César Parra, quienes, pese a haber sido retirados por inconsistencias durante mandos anteriores, volvieron a ocupar cargos estratégicos en esta administración.

Cómo inició la alerta

Ambos oficiales habían sido apartados de sus funciones tras reportes de contrainteligencia que mencionaban presuntos actos de corrupción. Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2022, Huertas y Parra reaparecieron respaldando públicamente a Petro, y tras la victoria del entonces candidato, fueron reincorporados a posiciones clave del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Revelaciones de la investigación

La información salió a la luz luego de un operativo militar en Anorí (Antioquia), donde fue interceptada una caravana de jefes disidentes que se movilizaba en vehículos con apariencia de uso oficial. En ella se incautaron computadores, celulares y material digital con información sensible.

Entre los hallazgos más graves se encuentran:

• Cartas y mensajes que describen reuniones entre alias Calarcá y el general Huertas para crear una empresa de seguridad que serviría como fachada para movilizar personal armado.

• Acceso a información reservada del Ejército y la DNI, que habría permitido a las disidencias anticiparse a operativos oficiales.

• Conversaciones que insinúan financiación electoral, incluso mencionando contactos cercanos a altos funcionarios del gobierno.

• Negociaciones sobre compra de armas, incluyendo la presunta participación de un empresario extranjero en el suministro de material de guerra.

Reacciones

La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados. El gobierno, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como montajes provenientes de fuentes de inteligencia no verificadas.

Mientras tanto, sectores de la oposición aseguran que este escándalo representa una amenaza grave para la institucionalidad y un golpe directo a la política de “Paz Total”. Aseguran que la infiltración de las disidencias en cargos estratégicos comprometería la seguridad nacional.

Lo que viene

La Fiscalía remitió el expediente a unidades especializadas, y se espera que el Ejército y la DNI realicen auditorías internas para medir el alcance de la infiltración. El caso ya genera atención internacional debido a los posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.