La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en el reciente proceso de selección de interventores para varias concesiones viales. Según una investigación periodística, bajo la dirección de Óscar Torres, la entidad habría modificado prácticas que durante años garantizaron mayor transparencia en las evaluaciones.

Tradicionalmente, cada proponente podía conocer su puntaje individual antes de definirse el orden de elegibilidad, lo que permitía realizar observaciones previas. Sin embargo, en los concursos de méritos recientes —identificados como VJ-VEJ-CM-002-2025 hasta VJ-VEJ-CM-005-2025—, los informes de evaluación se presentaron únicamente en audiencias públicas, sin dejar tiempo suficiente para el análisis detallado por parte de los oferentes.

En el proceso VJ-VEJ-CM-004-2025, realizado el 4 de noviembre, solo 14 de 42 proponentes fueron habilitados. El Consorcio GIS Interpacífico fue declarado ganador y se llevó cuatro de los cinco contratos en disputa.

Otro caso polémico ocurrió en el proceso VJ-VEJ-CM-005-2025, cuyo valor supera los 104 mil millones de pesos. Durante la audiencia del 12 de noviembre, varios proponentes denunciaron que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta y que, mientras protestaban, sus micrófonos fueron silenciados. Días después, la ANI presentó un tercer informe de evaluación que modificó el orden de elegibilidad y redujo el valor de la mediana en 130 salarios mínimos, lo que cambió por completo la competencia.

El consorcio ganador en este proceso fue el Consorcio GIS Provial, que obtuvo tres de los cinco contratos presentados. No obstante, la entidad no explicó por qué descartó el contrato de orden 3 por una supuesta “inconsistencia”, ni por qué el contrato de orden 5 no fue incluido en los informes de evaluación.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura criticó públicamente el manejo del proceso, mientras diferentes sectores pidieron que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen las posibles irregularidades.

Este episodio revive las alarmas sobre la transparencia en la contratación de infraestructura, un terreno históricamente sensible y que ahora vuelve al debate nacional.