El exalcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, quien actualmente ejerce como mandatario de esa ciudad, desafió la decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordenó su suspensión por tres meses, tras hallarlo presuntamente responsable de participación indebida en política.

Según el organismo de control, Vásquez habría utilizado su cargo para apoyar la campaña de su esposa, Laura Cristina Ahumada, candidata al Senado, apareciendo en eventos proselitistas y utilizando prendas alusivas a la campaña. La Procuraduría determinó que estas conductas vulneran el principio de imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos.

Ante la medida disciplinaria, Vásquez respondió firmando el Decreto 592 de 2025, con el cual se otorgó vacaciones e impuso a su secretaria privada como alcaldesa encargada, en un intento por mantener el control de la administración. Sin embargo, la Procuraduría reiteró que la sanción tiene efecto inmediato y que ninguna maniobra administrativa puede evitar su cumplimiento.

El mandatario argumenta que la Procuraduría no tiene competencia para suspender a funcionarios elegidos por voto popular, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que limita este tipo de sanciones a decisiones de carácter judicial.

La controversia se suma a otros cuestionamientos sobre su gestión, entre ellos la creación del Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social en Colombia (Foncolombia), señalado como un mecanismo para adjudicar contratos sin licitación pública.

El caso ha generado una fuerte discusión sobre los alcances del poder disciplinario de la Procuraduría y la autonomía de los mandatarios locales elegidos democráticamente. Si la suspensión se hace efectiva, Barrancabermeja deberá tener un encargo temporal al frente de la Alcaldía, mientras se resuelve el proceso disciplinario.

La situación mantiene en expectativa a los habitantes del puerto petrolero, que observan con atención el desenlace de un pulso institucional que podría marcar un precedente sobre la aplicación de sanciones a funcionarios de elección popular en Colombia.