Una serie de documentos inéditos sacan a la luz un presunto esquema irregular por el que el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero, habría facilitado el nombramiento del exconcejal de Bogotá y excontralor, Javier Lastra, como gerente de Afinia, filial de EPM, a cambio de 8 millones de dólares.

De acuerdo con el manuscrito que reposa en poder del abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, la operación fue pactada durante reuniones en clubes privados de Medellín, con la participación de emisarios venezolanos interesados en el negocio.

Detalles de la acusación

• En diciembre de 2020 comenzaron los contactos para definir quién sería el gerente de Afinia. En una reunión de octubre del mismo año, William Ortega (senador de Cambio Radical) presentó a Lastra y a otro aspirante, Alberto Holguín (exdirector de Electricaribe). Ortega habría solicitado el dinero “para pagarle la franquicia” al hermano del alcalde, Miguel Quintero.

• Según el manuscrito, los venezolanos aportarían el 30 % del negocio y los Ortega otro 40 %. El resto quedaría para la administración municipal.

• La auditoría interna de EPM habría sido intervenida para favorecer la operación, según las denuncias.

• Tanto Quintero como Lastra han negado los hechos. Quintero afirma que se trata de un intento de extorsión; Lastra sostiene que su nombramiento fue transparente.

Implicaciones políticas y jurídicas

De prosperar la investigación, quedarían en tela de juicio no solo los mecanismos de nombramiento dentro de EPM, sino la gestión política del exalcalde Quintero y el uso de una empresa pública como botín político. Además, plantea interrogantes sobre la independencia administrativa de las filiales de EPM.

El actual alcalde, Federico Gutiérrez, ya presentó una denuncia penal contra Quintero por este y otros manejos.

Qué sigue

La Fiscalía General de la Nación está llamada a investigar los hechos denunciados. Será clave determinar la veracidad del manuscrito, la ruta del dinero y las responsabilidades de los involucrados. En paralelo, la opinión pública exige transparencia sobre la gestión de las empresas estatales.