El Comité de Moralización realizado en las últimas horas, que contó con la presencia del gobernador Juan Miguel Galvis y los alcaldes del departamento, se convirtió en escenario de un verdadero escándalo institucional, donde quedó en evidencia el creciente malestar y ruptura entre los mandatarios municipales y una Gobernación que, según muchos, brilla por su ineficiencia.

La chispa que encendió el cruce de reclamos fue la valiente intervención del alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua, quien denunció públicamente la falta de respuesta del gobierno seccional ante una grave emergencia que dejó incomunicadas a varias veredas y afectó a 138 familias por deslizamientos de tierra. Según el mandatario, la Gobernación no prestó ni maquinaria ni asistencia, condenando al municipio al abandono.

Pero lo que realmente indignó a los presentes fue la respuesta del asesor jurídico de la Gobernación, un exaspirante al Congreso con historial de actitudes prepotentes, quien reaccionó con gritos, ataques personales y una actitud que rozó lo violento, revictimizando al alcalde Sicua frente a los demás asistentes. Una conducta que varios calificaron como inaceptable y que dejó en evidencia el desespero de una administración que no tiene argumentos ni resultados que mostrar.

La reacción del asesor provocó incomodidad en funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, la Auditoría Nacional y la Procuraduría, quienes pidieron cordura y respeto. Uno de ellos, el Dr. José Adolfo González, elevó una solicitud formal para que se inicien investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Gobernación por presunta negligencia en la atención de la emergencia.

Este episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una administración departamental que ha sido reiteradamente cuestionada por su falta de gestión, ausencia en los territorios, y una desconexión total con las necesidades reales de los municipios. La incapacidad del gobernador Galvis para articular con los alcaldes ha llevado a que, en muchos casos, los municipios enfrenten solos las crisis, mientras la Gobernación permanece encerrada en su burbuja burocrática, sin liderazgo ni rumbo.

La fractura institucional es cada vez más profunda, y quienes pagan las consecuencias son los quindianos, que ven cómo sus dirigentes locales claman por apoyo mientras el gobierno departamental sigue ausente, sumido en la improvisación, la soberbia y el olvido.