El proyecto del Laboratorio de Salud Pública del Quindío, ubicado en la vía al corregimiento El Caimo, continúa enfrentando retrasos. El Consorcio Edificaciones 15, encargado de la obra, aseguró que la suspensión no se debe a incumplimientos de su parte, sino a problemas en los diseños entregados por la administración departamental.

De acuerdo con el representante legal del consorcio, Álvaro Hernando Calderón Toro, los planos suministrados en 2019 estaban incompletos y desactualizados, lo que obligó a realizar múltiples rediseños en áreas como redes hidrosanitarias, sistema de iluminación, red de gases especiales y planos arquitectónicos.

El contratista también explicó que, aunque las deficiencias fueron advertidas desde diciembre de 2023, solo un año después la Gobernación reconoció la necesidad de suspender las obras para hacer los ajustes. Esto ocurrió a tan solo 45 días de vencer el plazo contractual.

Suspensiones y nuevos ítems

La primera suspensión, entre enero y abril de 2025, permitió avanzar en las correcciones técnicas y en la definición de precios parciales del contrato. Posteriormente, en mayo de este año, se decretó una segunda suspensión debido a la falta de actas modificatorias que formalicen cerca de 300 ítems adicionales derivados de los rediseños.

Según el consorcio, esta situación mantiene represado el pago de más de $3.500 millones por trabajos ejecutados desde enero de 2024.

Avances y equipos instalados

Pese a la coyuntura, el contratista afirmó que, con el reconocimiento de los ajustes pendientes, el avance físico de la obra superará el 50%. También destacó que alrededor del 40% del valor del contrato corresponde a equipos especializados ya adquiridos y que se encuentran en el sitio, aunque su contabilización solo podrá hacerse al momento de la instalación.

Acciones legales en curso

El Consorcio Edificaciones 15 anunció que interpondrá recursos legales para exigir la rectificación de las declaraciones oficiales en las que se le señala como responsable del estancamiento del proyecto. Inicialmente presentará un derecho de petición y, de no obtener respuesta, acudirá a la acción de tutela y a otros mecanismos judiciales.

La firma pidió que los pronunciamientos públicos de la administración departamental se ajusten a los documentos oficiales y recordó que la propia Secretaría de Aguas e Infraestructura ha reconocido que los retrasos obedecen a ajustes de diseño y a la inclusión de ítems no contemplados originalmente.